Pequeños en aprietos
Si se dificulta la solvencia económica de los pequeños negocios, se dificultará el mantenimiento de sus empleados.
Un pequeño negocio es aquel que tiene menos de 500 empleados o ventas menores de $5 millones anuales, según datos del Small Business Administration. En Puerto Rico, la gran mayoría de los patronos somos pequeños empresarios.
Carlas Sweet’s produce dulces de alta calidad. Su margen de ganancias es limitado y su producción es intensa en mano de obra. El aumento en el salario mínimo federal que entró en vigor el pasado 24 de julio, sumado al segundo aumento en el bono de Navidad, tendrán un impacto significativo para todos los negocios, pero especialmente para los pequeños comerciantes. Dicho aumento ocurre en un momento en que estamos siendo fustigados simultáneamente por los grandes incrementos en la gasolina, el agua y la luz, y en la materia prima que utilizamos para manufacturar nuestros productos.
El secretario del Trabajo, Román Velasco, fue citado recientemente por Prensa Asociada proponiendo un nuevo aumento salarial para los empleados, que esté basado en el alza en el costo de vida. Es una idea muy inoportuna e injusta contra la tambaleante estabilidad de los pequeños comerciantes.
Es entendible que Velasco aspire a que los trabajadores tengan más recursos y beneficios para vivir adecuadamente. Todos apoyamos que nuestros empleados mejoren sus condiciones de vida. Lo que no podemos aceptar es que dichos beneficios sean a costa del pequeño empresario.
En la medida que se dificulta la solvencia económica de nuestros pequeños negocios, también se dificultará el sostenimiento económico de la empresa y el mantenimiento de sus empleos.
Los más de 100 mil propietarios de pequeños negocios, responsables de dar empleo a más de 500 mil puertorriqueños, exhortamos a los políticos a que no sigan legislando unilateralmente más y más beneficios al empleado; que no sigan colocando la carga económica de nuestra fuerza trabajadora sobre los hombros de los pequeños comerciantes. Los pequeños patronos no tenemos de dónde sacar dinero para tanto. Estamos perdiendo competitividad. El desempleo aumenta; los pequeños empresarios seguimos cortando beneficios y cerrando negocios; las grandes empresas se mudan a lugares con costos operacionales más razonables.
En Puerto Rico no hacen falta más leyes que protejan al empleado, lo que nuestros empleados necesitan para que el dólar les rinda más es un Gobierno ágil y eficiente que provea servicios de salud, educación, transportación y seguridad excelentes, para que no tengan que enviar a sus hijos a la escuela privada, comprar un seguro de salud, un carro y pagar por seguridad en su urbanización. Al proveer mejores servicios, los puertorriqueños tendrían mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Imagínese lo que ahorraría una familia si mensualmente no tuviese que pagar por un seguro de salud ($500-$800), dos carros ($800 pagaré, $400 gasolina), educación para dos hijos ($700-$1,000), seguridad en el condominio o urbanización ($50-$150); yo calculo un promedio de $2,600.
Con esta cantidad, esa familia podría adquirir una mejor vivienda y ahorrar para su futuro. A esto es que debemos aspirar.
Lo que los pequeños comerciantes necesitamos es una mayor protección de nuestros centros de trabajo, para reducirnos los costos operacionales, especialmente los servicios gubernamentales, para que nuestros negocios prosperen y puedan voluntariamente mejorar los beneficios a los trabajadores.
El Gobierno tiene que empezar por poner su casa en orden. Hagan su trabajo y provean al trabajador una mejor calidad de vida. Basta de seguir recostados del esfuerzo y del sacrificio de los pequeños empresarios. Los patronos, los que creamos los empleos y sostenemos la economía, también somos puertorriqueños y tenemos derecho a la seguridad de un negocio próspero.
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